viernes, 25 de enero de 2013
jueves, 24 de enero de 2013
LECCION NO APRENDIDA: CAÑARIS
El 20 de enero
se dio inicio a un paro indefinido en Cañaris, localidad ubicada en la sierra
de Lambayeque. Más de 500 comuneros de la zona le hicieron frente a unos 300
efectivos policiales con la finalidad de tomar al campamento minero de la
empresa Candente Copper, por encontrarse en contra del proyecto Cañariaco. De
esta manera, Cañaris se constituye como el primer conflicto social del año 2013
y, lamentablemente, las reacciones gubernamentales parecen indicar que no se
han aprendido las lecciones de conflictos anteriores cuyo saldo lamentable ya
conocemos.
El 30 de
septiembre del año 2012 se realizó una consulta popular en la localidad de
Cañaris, en la cual participaron más de dos mil comuneros empadronados. Este
proceso se realizó de manera formal y contó con el resguardo de la Policía
Nacional. Se trató, sin duda, de un mecanismo válido de participación ciudadana
para tomar en cuenta, como es lógico, su opinión frente a las acciones de una
empresa que afectarían su entorno. El resultado de esta consulta fue
contundente: el 97% de pobladores decidieron no darle licencia social al
proyecto Cañariaco.
Sin embargo,
por decreto supremo se instauró una mesa de desarrollo que busca dar luz verde
a este proyecto. En esta, se encuentran representantes del gobierno central y
regional, funcionarios de la empresa y delegados de las
comunidades, quienes conversan privadamente en un hotel Chiclayano, gesto que
despierta suspicacias en una población ya enardecida. Por otro lado, en un acto
provocador, el Presidente de la Oficina de Diálogo Nacional del Perú, Vladimiro
Huaroc, señaló que los contrarios al proyecto serían sólo un grupo de
antimineros que buscan frenar la inversión extranjera. Como vemos, se trata del
mismo discurso falaz que busca minimizar demandas legítimas de una población.
Asimismo indicó que el proyecto Cañariaco “no está parado y no va a parar”.
La pregunta es
evidente: ¿Por qué no se respeta el acuerdo ya tomado por la población? 97% es
una cifra por demás elocuente del masivo rechazo que despierta este proyecto y
se sustenta en la afectación que se haría sobre el ecosistema de la zona. Sin
embargo, llama aún más la atención no sólo la indiferencia frente a una
consulta ya realizada, sino también la reacción frente a la protesta.
Esta semana el
ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, mencionó que se tiene prevista la
creación de los frentes policiales en zonas mineras, con la finalidad de
garantizar las actividades que allí se desarrollan. Semejante declaración causa
alarma, toda vez que recordamos que una serie de proyectos mineros han
desencadenado protestas sociales donde han ocurrido pérdidas humanas. El
ministro Pedraza se equivoca mayúsculamente al creer que los conflictos mineros
son los que ocasionan un desmedro al ciudadano, cuando lo que en realidad
sucede es que los proyectos de inversión y las concesiones se dan pasando por
alto la legalidad y el deseo popular. Un frente policial no garantiza la
supresión de un conflicto social, sino que aumenta las posibilidades de un
enfrentamiento fatal.
Si lo que se busca es
detener las protestas, lo mejor que puede hacer el gobierno es escuchar a la
población que se vería afectada, iniciar el diálogo antes de ceder las
concesiones a las empresas y velar por garantizar el cuidado del medio ambiente.
No se trata pues de defender sólo las inversiones, sino a los ciudadanos para
lo cual es necesario tratarlos como iguales y no hacer, como en el caso de
Cañaris, oídos sordos ante sus reclamos y su voz. Esta lección no aprendida
podría traer enormes costos. Aún estamos a tiempo.
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