Ley de Consulta Previa será prioridad en el Legislativo
El presidente del Congreso, Daniel Abugattás, informó ayer que el debate y la aprobación de la Ley de Consulta Previa será una prioridad en la actual legislatura, y ratificó el compromiso del Parlamento de llevar adelante iniciativas que garanticen el respeto de los derechos humanos.
Esa norma, que establece el diálogo y la consulta con las comunidades nativas antes de realizar actividades extractivas en sus territorios, como las que realiza la minería, quedó pendiente de votación parlamentaria durante el gobierno anterior.
La ausencia de ese mecanismo de consulta es considerada como uno de los factores desencadenantes de los conflictos sociales relacionados con temas ambientales que, a junio pasado, representaban 118, del total de 217 reportados por la Defensoría del Pueblo.
Precisamente, en el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, Amnistía Internacional instó a los líderes del continente a aprobar las leyes de consulta previa y de abstenerse de otorgar concesiones que afecten a los pueblos indígenas.
“Se trata de una creencia basada en la falaz premisa de que los proyectos de la industria extractiva o de otro tipo, que multiplican la riqueza y son favorables a los intereses nacionales, no deben verse "obstruidos" por los pueblos indígenas, que son "solo" una pequeña parte de la población”, indicó dicho organismo.
Señaló, además, que en el Perú aún se espera conocer la verdad, justicia y reparación en el caso Bagua, donde murieron 34 personas.
Amnistía Internacional (AI) consideró que la aprobación de la ley de consulta previa en Perú evitará que se repitan tragedias como el caso de Bagua y cuestionó al gobierno de Alan García por haber bloqueado la aprobación de esa norma. En sus declaraciones, Fernanda Doz Costa, investigadora de AI sobre pueblos indígenas, señaló que el suceso de Bagua (Amazonas), ocurrido en junio de 2009, fue "un hecho penoso que definitivamente era evitable".
Los hechos que desencadenaron la muerte de 34 personas, entre policías y nativos, en el llamado "Baguazo", se iniciaron en abril de 2009, tras las protestas en la selva peruana contra unos decretos que los indígenas consideraron lesivos a sus derechos; sin embargo, el gobierno anterior, lejos de optar por el diálogo, dispuso el uso de la fuerza policial.
Doz Costa también consideró que fue una "mala decisión" que se ordenara el desalojo de los manifestantes por la fuerza, lo que acabó en el hecho de sangre.
Resaltó, por ello, la importancia de una ley de consulta previa y explicó que este marco legal permitirá tener en claro cuándo se deben hacer las consultas a la población, en qué términos y a quiénes, antes de otorgar las concesiones de explotación que afecten a las comunidades.
"Este es un tema clave y Perú iba a ser el primer país de toda América Latina en tener una ley marco que haya sido consultada y acordada con los pueblos indígenas, pero el presidente (Alan) García la vetó", observó.
Asimismo comentó que en el Informe sobre la situación de los pueblos indígenas de América, publicado el viernes por la organización, se mencionan los procesos penales por motivos políticos contra algunos activistas indígenas, para evitar que defiendan sus derechos.
La iniciativa de consulta previa, que el Congreso peruano pasado dejó sin someter a votación, se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece las consultas previas a las comunidades antes de realizar actividades extractivas en sus territorios.
El presidente del Congreso, Daniel Abugattás, informó ayer que el debate y la aprobación de la Ley de Consulta Previa será una prioridad en la actual legislatura, y ratificó el compromiso del Parlamento de llevar adelante iniciativas que garanticen el respeto de los derechos humanos.
Esa norma, que establece el diálogo y la consulta con las comunidades nativas antes de realizar actividades extractivas en sus territorios, como las que realiza la minería, quedó pendiente de votación parlamentaria durante el gobierno anterior.
La ausencia de ese mecanismo de consulta es considerada como uno de los factores desencadenantes de los conflictos sociales relacionados con temas ambientales que, a junio pasado, representaban 118, del total de 217 reportados por la Defensoría del Pueblo.
Precisamente, en el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, Amnistía Internacional instó a los líderes del continente a aprobar las leyes de consulta previa y de abstenerse de otorgar concesiones que afecten a los pueblos indígenas.
“Se trata de una creencia basada en la falaz premisa de que los proyectos de la industria extractiva o de otro tipo, que multiplican la riqueza y son favorables a los intereses nacionales, no deben verse "obstruidos" por los pueblos indígenas, que son "solo" una pequeña parte de la población”, indicó dicho organismo.
Señaló, además, que en el Perú aún se espera conocer la verdad, justicia y reparación en el caso Bagua, donde murieron 34 personas.
Amnistía Internacional (AI) consideró que la aprobación de la ley de consulta previa en Perú evitará que se repitan tragedias como el caso de Bagua y cuestionó al gobierno de Alan García por haber bloqueado la aprobación de esa norma. En sus declaraciones, Fernanda Doz Costa, investigadora de AI sobre pueblos indígenas, señaló que el suceso de Bagua (Amazonas), ocurrido en junio de 2009, fue "un hecho penoso que definitivamente era evitable".
Los hechos que desencadenaron la muerte de 34 personas, entre policías y nativos, en el llamado "Baguazo", se iniciaron en abril de 2009, tras las protestas en la selva peruana contra unos decretos que los indígenas consideraron lesivos a sus derechos; sin embargo, el gobierno anterior, lejos de optar por el diálogo, dispuso el uso de la fuerza policial.
Doz Costa también consideró que fue una "mala decisión" que se ordenara el desalojo de los manifestantes por la fuerza, lo que acabó en el hecho de sangre.
Resaltó, por ello, la importancia de una ley de consulta previa y explicó que este marco legal permitirá tener en claro cuándo se deben hacer las consultas a la población, en qué términos y a quiénes, antes de otorgar las concesiones de explotación que afecten a las comunidades.
"Este es un tema clave y Perú iba a ser el primer país de toda América Latina en tener una ley marco que haya sido consultada y acordada con los pueblos indígenas, pero el presidente (Alan) García la vetó", observó.
Asimismo comentó que en el Informe sobre la situación de los pueblos indígenas de América, publicado el viernes por la organización, se mencionan los procesos penales por motivos políticos contra algunos activistas indígenas, para evitar que defiendan sus derechos.
La iniciativa de consulta previa, que el Congreso peruano pasado dejó sin someter a votación, se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece las consultas previas a las comunidades antes de realizar actividades extractivas en sus territorios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario